16 Mayo del 2019 a las 15:01 pm

Lima tiene 18 peajes: las alternativas de la comuna si quiere anular contratos

Horas antes de que Susana Villarán fuera recluida preventivamente en el penal de Chorrillos por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas municipales, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que evaluará la nulidad de los contratos suscritos con ambas constructoras para las concesiones Línea Amarilla y Rutas de Lima, que incluyen 18 peajes en la capital.

La tesis de la fiscalía es que Villarán, durante su gestión municipal como alcaldesa de Lima, recibió US$10 millones de las empresas brasileñas a cambio de la suscripción de los proyectos Vías Nuevas de Lima (Odebrecht) y la ampliación de la concesión de 30 a 40 años por la Línea Amarilla (llamada Vía Parque Rímac en la administración villaranista). Luis Castañeda, quien firmó el contrato con OAS en 2009, también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde)

 

“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Esto lo tenemos muy claro y estamos en ese proceso”, dijo ayer Muñoz durante una actividad pública en San Juan de Lurigancho.

Para tal fin, ha convocado para este lunes 20 una sesión extraordinaria del concejo metropolitano. Ayer también adelantó que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) prepara desde hace un mes un informe sobre la situación de los peajes, que serviría como elemento técnico para evaluar este tema.

En abril pasado, Muñoz anunció que dejaría “sin efecto” la reactivación del contrato con Graña y Montero [firmado inicialmente con Villarán en el 2013] para construir la ampliación de la Vía Expresa. Esta decisión la tomó luego de las declaraciones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, sobre la entrega de sobornos de la constructora peruana.

—Reacciones—
Conocidas las declaraciones de Muñoz, las actuales concesionarias de Rutas de Lima y Línea Amarilla recordaron que las constructoras brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato dejaron de ser parte de las concesiones desde hace unos años. 

En el 2016, la empresa canadiense Brookfield adquirió el 57% de las acciones de Rutas de Lima. “La adquisición fue realizada de buena fe y con independencia del proceso de adjudicación del proyecto que ahora está en discusión. A la fecha, Odebrecht no tiene injerencia sobre la dirección ni en las decisiones que adopta la compañía”, señaló en un comunicado. Esta concensión cuenta con 7 peajes en la Panamericana Norte y Sur.

Vinci Highways, empresa francesa a cargo de Lamsac desde ese mismo año, ratificó su compromiso de cumplir el contrato vigente y mostró su disposición para colaborar en cualquier investigación respecto a hechos que hubiesen ocurrido, incluso, antes de que asumieran la concesión. Actualmente, administran 11 peajes.

—Alternativas legales—
El abogado Andrés Calderón explicó que la Municipalidad de Lima tendría dos caminos para dar por terminadas las concesiones: resolver unilateralmente el contrato, con el riesgo de pagar una indemnización; o demostrar que existen causales para declarar nulo el acuerdo. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General (27444), en su artículo 11, inciso 4, contempla la nulidad ante una infracción penal –como un caso de corrupción– declarada por un juez.

No obstante, dijo Calderón, se necesita una sentencia que precise que la contraprestación de los aportes de Odebrecht y OAS fue la suscripción de contratos o adendas. “Incluso si Villarán es condenada, el contrato puede seguir vigente. Se tiene que demostrar que el contrato en sí mismo estuvo viciado por un acto de corrupción”, indicó a El Comercio.

En la misma línea, el abogado Miguel Sandoval, docente de ESAN, sostuvo que la comuna tendría que demostrar solidez en las causales para anular los acuerdos. Y la corrupción no es la única vía.

En cualquier contrato, dijo el especialista, uno de los firmantes puede alegar vicios como incumplimientos de la otra parte, desequilibrio económico-financiero, etc. En su opinión, es una decisión política. “Por ejemplo, un peaje siempre tiene que estar acompañado por una ruta alterna. Su ausencia es una causal típica de incumplimiento de contrato”, agregó.

Precisamente, la inexistencia de una vía alterna fue uno de los argumentos de las protestas vecinales del 2017 que motivaron la cancelación de un segundo peaje en Puente Piedra.

En cualquiera de los supuestos, las empresas pueden acudir a un centro de arbitraje internacional. La posibilidad que no contempla una posible indemnización es una resolución por mutuo acuerdo.

 

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